La criminalización por aborto en México sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y, ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos.
En este artículo, Sunny Villa y Carlos Vázquez ejemplifican cómo la ciudadanía, la sociedad civil y el gobierno pueden actuar en conjunto para implementar acciones encaminadas en alcanzar los ODS.
Desde el año 2013, GIRE comenzó a sistematizar y analizar información relacionada con derechos reproductivos en México obtenida a través de estadísticas públicas y solicitudes de acceso a la información (SAI) dirigidas a las instituciones públicas encargadas de implementar la normativa de la materia.
Valentina Gómez García nos cuenta sobre violencia obstétrica y otras violencias que viven las mujeres.
La batalla en contra de la corrupción es demasiado importante para dejarla en manos de los gobiernos. El Monitor Karewa surge como una herramienta ciudadana para compatir la corrupción desde la participación ciudadana.
Desaparecer al INAI sería un retroceso brutal y la anulación de derechos que tanto trabajo, lucha y tiempo le han costado a este país para deconstruir el presidencialismo férreo y el hermetismo de las instituciones públicas del siglo XX y poder tener la posibilidad de conocer el funcionamiento gubernamental a través de la información pública.
Dalia H. Pérez de Arkemetría Social nos explica.
Los vacíos de información derivan en riesgos de corrupción y desaprovechamiento de recursos (materiales y económicos) en medio de una crisis que demanda una reacción proporcional al impacto ocasionado en los hogares de millones de familias.
Ante los retos en materia de participación ciudadana, de transparencia y del derecho al acceso a información que se vive en Michoacán, un estado que ha sido lastimado por la violencia, deberá abrir la caja negra de las decisiones públicas y establecer reglas claras que fomenten la pluralidad y garanticen el derecho de participación de los ciudadanos a través de mecanismos con el de la Alianza para el Gobierno Abierto. En este ensayo, la investigadora Osiris S González-Galván, ahonda en estas consideraciones.
En México, las investigaciones sobre delitos relacionados con actos de corrupción son principalmente dadas a conocer con el esfuerzo de la sociedad civil y del periodismo de investigación.
Tanto OGP como el Acuerdo de Escazú parten de la premisa que la participación activa de diversos actores de la sociedad en la toma de decisiones es una condición fundamental para fortalecer nuestras democracias y lograr niveles de gobernabilidad y de paz social adecuados.
El artículo analiza el proceso de elaboración de la política de Gobierno Abierto en Madrid.