La transformación debe ser para garantizar y fortalecer los derechos de la ciudadanía

Publicado por eunice en

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Texto: Dalia H. Pérez | Arkemetría Social A.C. 

El actual sexenio menciona en sus discursos una transformación, la cuarta a su criterio ¿qué cambios sociales y políticos deberían realizarse para que se considerara una transformación?, ¿a quiénes deberían beneficiar estos cambios?, ¿una transformación para quién?

Actualmente vuelve a colocarse en el debate público un tema que el presidente declaró a mediados de 2020 y que ha sido una constante hasta hoy, el gran asunto de los organismos autónomos. Entre los mencionados está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los argumentos para su desaparición son: que es oneroso, que defiende intereses privados, que no es útil a la sociedad y que por esto sus actividades pueden centralizarse en el poder ejecutivo, aunque este esquema implique una situación de juez y parte, contrario a los estándares de este derecho humano.

Como Organización de la Sociedad Civil (OSC) este proyecto nos preocupa. Y es que al hablar del INAI no nos limitamos a la defensa de una institución que nació en 2015 y cuyo precedente, el IFAI, fue creado en 2002. Nos referimos al proceso histórico sobre la exigencia del Derecho de Acceso a la Información (DAI) como un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía conocer sus instituciones gubernamentales, los resultados de su gestión y exigir rendición de cuentas. 

Lo que hoy es un derecho consagrado en la Constitución Federal y una serie de obligaciones para las instituciones gubernamentales, hasta hace 20 años, era sólo una exigencia inicial. Los procesos jurídicos, políticos, sociales e institucionales que han requerido, tanto la transparencia como el DAI, han sido extensos. 

Es preciso recordar que en 1983 el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela solicitó, con base en el artículo 6° constitucional, a la Secretaría de Hacienda, conocer el monto de la deuda externa de México. La Secretaría rechazó su petición y después de un proceso de amparos la Suprema Corte de Justicia (SCJ) concluyó que en el artículo mencionado “[…] no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información” (INAI, s/d).

A partir de aquí y hasta el año 2000 se dio un proceso de lucha y exigencia ante la corte por el derecho a la información que resultó en pequeños avances, pero, sobre todo en una defensa tenaz de la corte a la opacidad de las instituciones públicas. Lo que la corte no pudo hacer en este período para la protección del DAI lo realizó un movimiento social nombrado Grupo Oaxaca que incluía a ciudadanos, académicos, periodistas y organizaciones civiles que impulsaron fuertemente la exigencia de una reforma sobre este derecho. 

Después de un arduo proceso de negociación y cabildeo, en el 2002 el país vio la primera ley federal en la materia. A partir de ese año se ha ido perfeccionando el marco jurídico, se ha ampliado la lista de Sujetos Obligados, así como las obligaciones de transparencia, se han reducido los periodos de la clasificación de la información y los tiempos de respuesta de las solicitudes de información, en la cultura política hoy se reconocen y ejercen estos derechos y gracias a esto se han podido develar escandalosos actos de corrupción.

Por otro lado, los servidores públicos han desarrollado capacidades y las unidades de transparencia se han fortalecido, los estados han publicado legislaciones propias, se creó el INAI y los órganos garantes estatales para promover y garantizar este derecho, el artículo 6° se ha reformado en cinco ocasiones para robustecer el entramado jurídico y, sólo en la CDMX se han ingresado 1,477,134 solicitudes de información desde el nacimiento del DAI, entre muchos otros avances. 

Como OSC la transparencia y el DAI nos han permitido conocer dimensiones de nuestras instituciones que sin estos derechos jamás hubiéramos conocido: techos presupuestales, informes trimestrales de avance, padrones de personas beneficiarias, resultados de programas sociales, procesos de adjudicaciones directas, contratos y un largo etcétera. Lo cual sólo es un punto en el camino de la transparencia y el DAI, ahora es necesario que las características de la información pública permitan su utilidad social y que esto impulse procesos de rendición de cuentas e incidencia ciudadana. 

Sin embargo, desde 2019 a la fecha, no han sido años para el fortalecimiento de la transparencia y el DAI, ya sea derivado por la pandemia o por el proyecto político del gobierno federal actual. Desaparecer al INAI sería un retroceso brutal y la anulación de derechos que tanto trabajo, lucha y tiempo le han costado a este país para deconstruir el presidencialismo férreo y el hermetismo de las instituciones públicas del siglo XX y poder tener la posibilidad de conocer el funcionamiento gubernamental a través de la información pública.

¿Qué puede hacer la sociedad civil ante estas amenazas?, ¿un derecho nacido de un movimiento social tan loable no debería ser defendido y perfeccionado desde la misma sociedad civil?  Ante este escenario llamamos a la ciudadanía, a las OSC, al Grupo Oaxaca, a académicos, estudiantes, periodistas y a todas y todos los interesados para continuar, hoy más que nunca, la lucha y defensa de nuestros derechos civiles y políticos. Derechos que tienen que ser exigidos ante este gobierno y ante el que sea pues, el poder de los partidos dura seis años y los derechos de la ciudadanía deben ser perennes.

1. Consulte Cossío, J. (2002). El derecho a la información en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/view/3562/3328
2. Sólo para citar un dato, el segundo medio que identifica la población para obtener información del gobierno son los portales de transparencia con 25.7% de los encuestados, sólo después de las páginas de internet del gobierno con 35.7%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019, junio). Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 (ENAID). México. https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2019/
3.Debido a la pandemia durante todo 2020 se han publicado una serie de acuerdos que cancelan los plazos de trámites y obligaciones en materia de transparencia, DAI, derechos ARCO, entre otros. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). (2021). Acuerdos. Ciudad de México. http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html

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