Gobierno Abierto, oportunidad para dar certeza a una década de violencia y crisis de derechos humanos

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Por: Carlos Dorantes / ARTICLE 19 México y Centroamérica 

La poca información pública que ofrece el Estado mexicano en materia de desaparición ha sido inútil para las labores de búsqueda de los familiares de personas desaparecidas y tampoco ha sido útil para dar certeza a la sociedad sobre la magnitud de la crisis de desapariciones por la que está atravesando México desde hace más de 10 años. En una entrevista realizada a una colaboradora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León pudimos constatar la existencia de obstáculos para acceder a información y que la poca disponible no contribuye al trabajo que realizan los colectivos:

“La información con la que cuenta el Estado no ha sido de utilidad para la búsqueda porque la mayoría no es pública, además de que hay información que hemos solicitado por escrito y no nos la proporcionan, justificando esta negativa en el supuesto sigilo de las investigaciones o diciéndonos que no tenemos interés jurídico. En el caso de las solicitudes de información por transparencia, hemos obtenido respuestas limitadas ya que algunas son de manera parcial y otras en sentido negativo.” (1)

Hasta abril de 2018 se publicaba periódicamente el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), mismo que dejó de operar a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Resultado de las exigencias de las familias en búsqueda, esta nueva ley ordenó la creación de tres registros: un Registro Nacional de Fosas, un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas (ambos dependen de la Fiscalía General de la República) y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (responsabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda). La intención era que estos registros fueran interoperables y contribuyeran a las labores de búsqueda, identificación y generación de conocimiento público del problema.

Sin embargo, a más de tres años no contamos con estos registros. FUNDENL expresó: “Hasta el momento no hay claridad por parte de ninguna institución para la creación de las bases de datos que mandata la Ley General en Materia de Desaparición” (2). La poca información disponible en la materia se hace pública solamente en conferencias de prensa del gobierno federal. Por ese medio supimos que al 6 de enero había 61 mil 637 personas desaparecidas desde los años 60 y 873 fosas identificadas desde el 1 de diciembre de 2018 (3). Sin embargo, seguimos sin saber cómo se construyen esos números y, cuando se realizan solicitudes de información pidiendo informes o versiones públicas de los registros para contrastar lo presentado en conferencias, ésta no se entrega. Continuamos, así, sin tener certeza en las cifras e información de calidad.

Esta situación se replica en otro tipo de información vinculada a la crisis de violencia y derechos humanos que vive México. Las estadísticas de uso de la fuerza (personas fallecidas, heridas y detenidas en “enfrentamientos” con fuerzas de seguridad) dejaron de publicarse en febrero de 2014. Fue hasta 2019 que pudimos obtener datos actualizados otra vez cuando se presentaron en conferencia matutina el 14 de octubre de 2019. Sin embargo, si se realiza una solicitud de información para verificar o corroborar los datos presentados en conferencia, ésta se declara como inexistente (4). Esto mismo sucede con los informes policiales homologados o los informes de uso de la fuerza, estadísticas de población carcelaria, estadísticas de delitos sexuales contra menores, entre otros.

Así, a más de una década de iniciada la “Guerra contra las Drogas”, en México hay muchos vacíos de información relevante que podrían ayudarnos a construir políticas públicas más precisas y efectivas. Es por eso que en el marco de la creación del Cuarto Plan de Acción de la Alianza por el Gobierno Abierto (2019-2021), un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsamos la creación de una Plataforma  interoperable que concentre, divulgue y transparente información a nivel nacional de calidad sobre seguridad, justicia y derechos humanos para la mejora de la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

En la co-creación de este compromiso participaron la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Centro Nacional de Información (CNI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras instituciones del ámbito federal.

Este tipo de ejercicios se realizan cada dos años y sirven para acordar compromisos en el marco de una alianza que busca establecer compromisos para ir más allá de las propias obligaciones de ley que tiene el Estado y lograr ejercicios proactivos de apertura que sigan cuatro pilares: innovación, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. En este caso, se aprovecha esta oportunidad para lograr no sólo hacer disponible información que por obligación de ley debe existir, sino, incluso, lograr que sea interoperable y permita contribuir, por ejemplo, a labores de búsqueda e identificación, como esperarían los familiares de personas desaparecidas en todo el país.

Finalmente, es importante mencionar que el cumplimiento cabal de este compromiso puede ser un paso adelante hacia una política comprehensiva en términos de derecho a la verdad en violaciones graves a derechos humanos que incluya acceso a la información en la materia. El compromiso con la no repetición de atrocidades como las cometidas durante la última década debe pasar por la efectiva apertura de información. Con información es posible generar rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan tomar mejores decisiones respecto a las políticas públicas y, así, prevenir que nuevos casos ocurran. Si las medidas tomadas por el nuevo gobierno se quedan en anuncios aislados de datos en conferencias de prensa que no son de calidad o no pueden ser contrastables, verificables y comparables, no es factible construir políticas públicas sólidas de no-repetición de atrocidades.

  • 1. Entrevista propia realizada a integrante de FUNDENL, noviembre de 2019.
  • 2. Entrevista propia realizada a integrante de FUNDENL, noviembre de 2019.
  • 3. SEGOB, “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas  o no localizadas”, Presentado en conferencia de prensa por la Secretaría de Gobernación, 6 de enero de 2020, Dirección URL: http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2020/01/REGISTRODEPERSONASDESAPARECIDAS.pdf, [Consulta: 18 de enero de 2020].
  • 4. ARTICLE 19 y el CIDE Región Centro realizaron la solicitud de información con folio PNT 000700213818 dirigida a SEDENA en cuya respuesta se declaró la inexistencia de la información.
* Carlos Dorantes es Oficial del Programa de Derecho a la Información 
en ARTICLE 19 México y Centroamérica. Es maestro en Desarrollo Internacional
y Emergencias Humanitarias por la London School of Economics and Political
Science y Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.

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