Eduardo Rolón / Director Ejecutivo de Causa Natura

Causa Natura participó en el proceso de co-creación de un compromiso que permitiera – a través de herramientas de gobierno abierto – atender el desarrollo rural sustentable. Fuimos invitados a participar en varios ejercicios al lado de otras organizaciones civiles e instituciones de gobierno que trabajan en temas de desarrollo rural y medio ambiente en México. Esto dio como resultado la elaboración del compromiso que lleva por nombre Incidencia Ciudadana para el Desarrollo Rural Sustentable incluido dentro del Cuarto Plan de Acción de México ante la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) 2019-2021.

En el territorio rural se encuentra la mayor riqueza de recursos naturales en México como bosques, biodiversidad, agua. No obstante, las personas que habitan las regiones rurales del país pueden ser muchas veces ricas en recursos pero sufrir una pobreza extrema, como sucede con muchas comunidades y ejidos dueños de bosques en México. Las políticas públicas enfocadas al desarrollo rural no han logrado cambiar esta situación, y lamentablemente muchas veces pueden incluso haberla agravado, como es el caso de políticas agrícolas y ambientales que por falta de coordinación no han podido incentivar un mejor uso de la tierra y revertir la deforestación de los bosques. Además, es también frecuente que pueblos indígenas, ejidos o pescadores no sean adecuadamente consultados con respecto a sus problemas y necesidades, en entornos donde los intereses económicos y políticos más fuertes tienen a dominar las discusiones sobre las mejores políticas que pueden apoyar a un desarrollo rural más sustentables y socialmente justo.

¿Cómo diagnosticar problemáticas rurales?

Los participantes que asistimos a las mesas de co-creación de la AGA pudimos compartir este tipo de preocupaciones considerando el contexto del sector rural. A partir de un diagnóstico inicial, se planteó que una de las áreas donde el gobierno abierto podría ser de mayor utilidad para ayudar a atender las problemáticas rurales era el darle más voz a los excluidos. A los pueblos indígenas, a los jóvenes, a las mujeres, en los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas. Buscar crear e implementar políticas más desde la base que desde la visión burocrática y a veces alejada de la realidad rural.

Uno de los medios que se identificaron para lograr avanzar en esta dirección fue el fortalecer los diversos consejos nacionales existentes que tratan sobre el manejo de recursos y el desarrollo rural. Los que identificamos fueron el Consejo Nacional de Acuacultura y Pesca, el Consejo Nacional Forestal, los Consejos de Cuenca, los mecanismos de participación de medio ambiente y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que atienden las agendas de pesca, bosques, agua, medio ambiente y desarrollo agrícola respectivamente.

Habilitar mejor estos espacios para que desempeñen el papel de conectar la voz de las comunidades y organizaciones involucradas en el medio rural es en sí un gran reto. Hay gran diversidad de actores involucrados y muy diversas necesidades. Aún más, los participantes mencionamos que debíamos tener una perspectiva de buscar la representación de grupos vulnerables y no solo incluir a los grupos organizados de productores, organizaciones civiles o funcionarios de gobierno.

De la mano de estas inquietudes, estuvieron también contribuciones de colegas que remarcaron la importancia de ver al medio rural, no por sectores divididos en bosques, agua, agricultura o pesca, sino espacios donde las mismas personas pueden dedicarse o depender de esos recursos y actividades para sus medios de vida. De allí que la mejora del trabajo de los consejos debía incluir una mejor comunicación entre ellos y las autoridades respectivas, para impulsar desde la participación ciudadana una mayor coordinación entre las dependencias de gobierno (e.g. SADER, CONAPESCA, SEMARNAT, CONAGUA, CONAFOR).

Es así que nace el compromiso, con el objetivo a corto plazo de buscar mejorar la operación de los consejos nacionales de agua, bosques, pesca, medio ambiente y desarrollo rural, de acuerdo a las mejorar prácticas, con perspectiva de género, de derechos humanos y visión territorial, para lograr su incidencia efectiva en programas y políticas. A largo plazo, se plantea poder “conformar un sistema de participación ciudadana de la política federal de desarrollo rural, con  énfasis en la inclusión de grupos vulnerables, para definir políticas de desarrollo rural sustentable que respondan a las necesidades territoriales y a los objetivos de producción, distribución y consumo de alimentos”.

Retos para el Desarrollo Rural colaborativo

Son muchos los retos que enfrentará el cumplimiento de este compromiso. Un primer reto es contar con la colaboración efectiva de las diversas instituciones gubernamentales involucradas que, junto con organizaciones civiles, estarán colaborando dentro de un Grupo de Trabajo multi-actor  a lo largo de los casi dos años que dura este compromiso y a lo largo del presente sexenio para hacerlo realidad.

Un segundo reto, es lograr la colaboración de los actuales integrantes de los consejos. Se parte de que estos estarán de acuerdo en la adopción de recomendaciones que resulten de las evaluaciones de estos espacios por parte del Grupo de Trabajo y que serán implementadas en la práctica. Esto puede llevar a que se tengan que hacer cambios importantes que afecten intereses o visiones de trabajo, con posibles resistencias al cambio. Esperemos que se haga un buen trabajo de comunicación y concientización por el Grupo de Trabajo y que predomine el interés general de contar con mejores mecanismos por parte de todos los actores involucrados, para que sirvan efectivamente como pilares de un sistema de participación en medio rural que de voz a aquellos que no la tienen.

Por lo pronto, iniciamos el año con grandes expectativas y mucho trabajo por hacer en los siguientes meses.

Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la AGA en México

Combatir la corrupción para contribuir a la disminución de la pobreza