Combatir la corrupción para contribuir a la disminución de la pobreza

Publicado por eunice en

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Alan Armijo Cobos / GESOC Agencia para el Desarrollo A.C. 

A ocho años de la conformación de la Alianza Internacional, de la cual México es miembro fundador, se han realizado cuatro Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto a lo largo de tres administraciones federales; dichos ejercicios, han sido diversos en su aplicación, planeación y resultados. Aunque las definiciones y nociones en cuanto al término continúan en debate, el modelo de gobierno de abierto implementado en el país ha significado, en términos de apertura institucional, transparencia y rendición de cuentas, un importante paso por parte del gobierno federal y Sociedad Civil en el mejoramiento de la vida democrática en México.

Justo para la elaboración del Cuarto Plan de Acción Nacional, el contexto planteaba la entrada de un nuevo gobierno federal y una nueva relación -de divergencia en ocasiones- entre el Presidente y Sociedad Civil. Asimismo, en el marco de las actividades de gobierno abierto, los motivos que dieron paso a la salida del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Secretariado Técnico Tripartita y del Tercer Plan de Acción Nacional como modificaciones unilaterales de los compromisos por parte de la administración anterior y; por otro lado, los casos de espionaje a activistas, miembros de organizaciones civiles y defensores de Derechos Humanos que se hicieron públicos en 2017. Esto, sin minimizar la exigencia ciudadana -y en aumento durante los últimos años-, de un efectivo combate a la corrupción en todos los niveles de la administración pública dados los escándalos de corrupción por parte de servidores públicos de alto nivel federal y estatal.   

A pesar del panorama adverso, durante 2019 se logró reiniciar  el proceso de co-creación de gobierno abierto y, con ello, la existencia de un compromiso en el Cuarto Plan de Acción Nacional, originado desde su manifestación pública en la consulta pública que sirvió como instrumento para priorizar los problemas públicos a atender por parte del gobierno federal. Dicho problema se expresó como uso ineficiente e ineficaz del gasto público, derivado de la corrupción e impunidad. Con la delimitación de esta problemática, academia, Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos acudimos a las mesas de trabajo de co-creación que precisó el actual compromiso.

Sin lugar a dudas, el trabajo fue arduo a lo largo de cuatro mesas desarrolladas durante agosto, septiembre y octubre; no obstante, el objetivo era claro y del consenso de todos: instrumentar un proyecto piloto en cinco programas sociales federales que permitiera identificar la trazabilidad del gasto; es decir, dar un seguimiento puntual al ejercicio de los recursos públicos, desde su aprobación en la Cámara de Diputados, hasta su entrega a las y los beneficiarios finales de los programas sociales más emblemáticos de la presente administración, a saber: 

  1. Jóvenes Construyendo el Futuro;
  2. Sembrando Vida;
  3. Beca Universal para Estudiante de Media Superior Benito Juárez;   
  4. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y; 
  5. Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente; 

Asimismo, identificar las áreas de riesgo de corrupción existentes en los diversos procesos al interior de los programas y, por supuesto, promover el fortalecimiento de mecanismos de contraloría social y vigilancia ciudadana para el seguimiento de los recursos públicos.

Cabe señalar que el presente compromiso recupera en esencia las demandas no atendidas de Planes de Acción previos; como el funcionamiento óptimo de un Sistema de Información Social Integral o el Padrón Único de Beneficiarios; elementos que, más allá de buscar el blindaje electoral de la política social federal, así como la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la materia, buscan garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la coordinación entre entre el orden federal y estatal en el diseño e implementación de la política social. 

Aunado a ello, el énfasis que la actual administración federal otorgó a la política social, como motor de cambio para el desarrollo y crecimiento nacional, motivan a que los objetivos y metas de este compromiso co-creado entre gobierno y sociedad civil al 2021 sean no sólo impulsadas por el orden federal, sino que también desde las entidades federativas se busque contribuir a la consecución de las metas nacionales y replicar ejercicios similares con los programas sociales implementados por las administraciones locales.

Está claro que, como finalidad, los ejercicios de gobierno abierto buscan mejorar la calidad de vida e interacción de todos a partir de esquemas de gobernanza y apertura en la toma de decisiones; amplían el ejercicio democrático de cada ciudadano y nos hace corresponsables en vida pública. 

La atención de un problema que permea en todas las esferas de un Estado, como lo es la corrupción, requiere de una intervención transversal y multiactoral; el compromiso de Gasto Abierto y Responsable en Programas Sociales fue construido bajo esta misma premisa; como una herramienta de empoderamiento ciudadano que brinde claridad sobre cómo y en qué gastan nuestros gobiernos o si desde el diseño se da apertura a la corrupción. 

Promover la participación ciudadana informada, esa es la expectativa; que todos, tanto sociedad civil como gobierno seamos corresponsables, desde la planeación y diagnóstico hasta la evaluación de los programas y proyectos públicos y que, en este caso, también contribuyan de forma sustantiva a cerrar brechas de pobreza y garantizar derechos de las y los ciudadanos.
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1 comentario

Espacios de participación en el desarrollo rural para grupos vulnerables - Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México · enero 27, 2020 a las 2:55 am

[…] Combatir la corrupción para contribuir a la disminución de la pobreza El presente compromiso recupera en esencia las demandas no atendidas de Planes de Acción previos; como el funcionamiento óptimo de un Sistema de Información Social Integral o el Padrón Único de Beneficiarios; elementos que, más allá de buscar el blindaje electoral de la política social federal, así como la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la materia… Categorías: OpiniónRecursos Gobierno Abierto Etiquetas: Cuarto Plan de AcciónDesarrollo rural […]

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