El Economista.- El subdirector de la Unidad de Soporte de la OGP, Joe Powell, consideró que el espionaje gubernamental en contra de la sociedad civil es un problema “crítico” para cualquier Estado que busque implementar una política de gobierno abierto.
Concluyó el período de implementación del Cuarto Plan de Acción. La siguiente etapa constará de la revisión de cumplimiento de los compromisos por sociedad civil e instituciones públicas.
El Decreto presidencial afecta y pone en riesgo la práctica de los principios del Gobierno Abierto en las obras o proyectos del gobierno: la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la participación ciudadana.
Una investigación realizada por The Washington Post y otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización francesa Forbidden Stories reveló que 15 mil números telefónicos de México fueron potenciales objetivos del malware Pegasus en el sexenio pasado.
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