Acuerdo presidencial atenta contra el Derecho a la Información y es contrario a principios de Gobierno Abierto

Publicado por eunice en

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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2021. Desde el Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (NOSC) manifestamos nuestra preocupación por el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues representa una posibilidad para transgredir el ejercicio pleno de derechos humanos como el acceso a la información pública y la participación ciudadana.

El Acuerdo declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras considerados prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) a otorgar autorizaciones provisionales para dar celeridad a los dictámenes, permisos y licencias[1].

Lo anterior afecta y pone en riesgo la práctica de los principios del Gobierno Abierto en las obras o proyectos del gobierno: la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la participación ciudadana. Estos principios son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma internacional fundada en 2011 que busca fortalecer la gobernanza y colaboración multiactor y de la cual México es un miembro activo y país fundador.

El Acuerdo establece condiciones para violar las legislaciones en materia de Derecho Administrativo y con ello, dejar de lado el cumplimiento de procedimientos marcados en la ley como necesarios, tales como: licencias, permisos, concesiones, autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental o social, entre otros.

El modelo de autorización “fast track” de cinco días para aprobar las obras o proyectos, marca una pauta que deja de lado procesos indispensables y mecanismos de participación ciudadana como las consultas. Es decir, con este Acuerdo se da un paso atrás en los avances de participación ciudadana pues elimina la oportunidad de las comunidades afectadas por proyectos u obras gubernamentales de expresar sus inquietudes e involucrarse directamente en los procesos de toma de decisión sobre los proyectos que podrían impactar sus derechos.

Por otro lado, el Acuerdo pone en amenaza los avances consolidados en materia de transparencia y rendición de cuentas. Históricamente, la reserva de información pública por diversas autoridades ha sido argumentada bajo el concepto de “Seguridad Nacional”, con lo cual la información se clasifica y reserva por diversos períodos. En materia de obras públicas, desde la sociedad civil hemos mantenido una lucha constante por mejorar y fortalecer los procesos y la información que respaldan estas acciones derivado de los antecedentes de casos de corrupción y opacidad que hemos logrado identificar.

A partir de lo establecido en el Acuerdo se promueve la opacidad y se abre una ventana para que se den actos de corrupción en estos proyectos. Pero aún más grave, limita el derecho que tenemos como ciudadanía para obtener información, obstruyendo así la vigilancia y seguimiento puntual al actuar del gobierno, así como mantenernos informados sobre el destino de los recursos públicos utilizados en las obras de la Administración Pública Federal.

El Ejecutivo Federal debe recordar que sólo las dependencias mandatadas con las responsabilidades de protección de la seguridad nacional pueden reservar información bajo esta causal, de manera excepcional, siempre y cuando se cumpla con los estándares relativos al marco legal sobre restricciones de acceso a la información pública gubernamental.

El Acuerdo en cuestión es inconstitucional y contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que México se ha adherido, pues limita el derecho de acceso a la información, contraviene el principio de máxima publicidad y carece de fundamentos jurídicos que le den validez, ya que pretende establecer un régimen de excepción que desconoce los procedimientos administrativos y legales que son aplicables a obras y proyectos. Además, pone al Ejecutivo por encima de lo establecido en las leyes dejando de lado la división de poderes.

Desde el NOSC consideramos que este Acuerdo es una amenaza para el ejercicio del derecho de acceso a la información y los principios del Gobierno Abierto establecidos en la Alianza de la que México es parte. La aceleración y cumplimiento de las obras y proyectos estratégicos del gobierno federal no son superiores a los derechos humanos y al apego y cumplimiento de las leyes.


[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021

NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.; Causa Natura, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; GESOC, Agencia para el Desarrollo A.C.; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.; México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C.; Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.; SocialTIC, A.C. y Transparencia Mexicana, A.C.


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