Proceso.- Hace poco más de un mes, el 23 de mayo, las organizaciones ciudadanas que participaban en la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) denunciaron espionaje político, pidieron que el Instituto Nacional de Transparencia contribuyera a la apertura de los contratos con empresas de espionaje e iniciara una investigación por violación de datos personales.
Concluyó el período de implementación del Cuarto Plan de Acción. La siguiente etapa constará de la revisión de cumplimiento de los compromisos por sociedad civil e instituciones públicas.
El Decreto presidencial afecta y pone en riesgo la práctica de los principios del Gobierno Abierto en las obras o proyectos del gobierno: la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la participación ciudadana.
Una investigación realizada por The Washington Post y otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización francesa Forbidden Stories reveló que 15 mil números telefónicos de México fueron potenciales objetivos del malware Pegasus en el sexenio pasado.
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