Cumplimiento de las obligaciones en un político cambiante

Filipinas es uno de los países con más minerales del mundo. Según estudios realizados en el 2013 y 2016, entre 112 países, Filipinas es uno de los 10 países con mayor potencial minero (Taylor & Green, 2017).

El paradigma dominante plantea que la minería contribuye al crecimiento económico y desarrollo social. Sin embargo, la minería también está asociada con la degradación ambiental, aumento de la desigualdad, conflicto, corrupción, desplazamiento e impactos a la salud.

En Filipinas, el marco legal que regula el manejo de minerales es la Ley de Minería de 1995. Esta ley reconoce el potencial económico de la minería y se adhiere a los principios del desarrollo sostenible.

Un nuevo contexto

El 30 de junio de 2010, Benigno Aquino III, quien basó su plataforma de campaña en la lucha contra la corrupción, fue nombrado presidente de Filipinas.

La comunidad internacional tomó nota de ello e invitó a Filipinas a formar parte de los ocho miembros fundadores de Open Government Partnership en septiembre de 2011. Al promover los principios de transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos y lucha contra la corrupción, Open Government Partnership (OGP) se alineaba con los objetivos de la administración de Aquino.

A principios de su administración, el presidente Aquino presentó la el Decreto No. 79 (2012) con lineamientos más concretos sobre minería responsable y protección al ambiente. Además, el Decreto comprometió a Filipinas a participar en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). EITI es un estándar global de transparencia a través de la cual las empresas mineras y petroleras se comprometen a reportar cuánto pagan a los gobiernos y a los gobiernos, cuánto reciben. Un grupo multisectorial se encarga (MSG) se encarga de regular la EITI y un secretariado apoya y coordina sus esfuerzos. El mismo Decreto estableció la creación del Consejo Coordinador de la Industria Minera (MICC). El MICC es un organismo interinstitucional encargado de facilitar el diálogo entre actores y evaluar leyes relacionadas con la minería, las licitaciones y otros aspectos.

El ex alcalde de Davao, Rodrigo Duterte, ganó la elección presidencial y ocupó el cargo el 30 de junio de 2016. Una de sus primeras acciones fue la publicación del Decreto 2 en julio de 2016. El Decreto 2 regula el derecho de acceso a la información con respecto al interés público. Aunque este Decreto solamente abarca instituciones del poder ejecutivo, representa un pilar importante para el derecho a la información de los ciudadanos.

Manteniendo el rumbo en aguas turbulentas

El presidente Duterte se pronunció a favor de la minería responsable como industria clave para el desarrollo económico de la nación. Además, nombró a la ambientalista incondicional Gina Lopez secretaria del Departamento de Ambiente y Recursos Naturales (DENR). Carlos Dominguez, empresario con vínculos con la industria minera fue nombrado Director de Finanzas.

A mediados de 2016, el secretario Lopez ordenó una auditoría de las operaciones mineras, por recomendación el presidente Duterte. En febrero de 2017, como resultado de la auditoría, se suspendieron cinco operaciones mineras y se cerraron 23. Como resultado, hubo un quiebre entre DENR y la industria minera. Surgió la preocupación que las empresas ya no se ofrecerían a participar en la EITI, debilitando los esfuerzos de transparencia que representan el fundamento de reformas de política para un mejor manejo de los minerales. Para eliminar esta posibilidad, en marzo de 2017 DENR publicó una orden administrativa 17-07 que obligaba a todas las empresas a participar en PH-EITI.

Las declaraciones del secretario Lopez ocasionaron un revuelo en el poder ejecutivo. El secretario de finanzas Dominguez, copresidente del MICC hizo un llamado a revisar la orden del DENR. Según el Departamento de Finanzas, esto fue ordenado por el presidente Duterte.

La discusión generó división, debilitó al gabinete y suspendió los esfuerzos de PH-EITI.

El secretariado de PH-EITI está alojado en el Departamento de Finanzas. El cambio en la administración debilitó la dirección, personal y fondos del Secretariado y no recibió apoyo del Departamento de Finanzas para implementar su mandato sino hasta octubre de 2016.

El cumplimiento con los requisitos de EITI ha sido un compromiso del Plan de Acción Nacional de OGP de Filipinas desde 2013. A pesar de las transiciones políticas, PH-EITI ha sido constante en su trabajo y, en octubre de 2017, sus esfuerzos fueron reconocidos, al ser el único país que logró avances satisfactorios según los estándares de 2016 de la EITI.

Los esfuerzos de Bantay Kita

Bantay Kita (BK) es una coalición de la sociedad civil que trabaja para impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la industria extractiva. Nuestro trabajo consiste en hacer investigación, impulsar el desarrollo de capacidades y liderar campañas. Navegamos la marea a través de la participación multisectorial constructiva. Además, BK es representante del MSG PH-EITI y está comprometido con OGP en cuanto al cumplimiento de EITI.

En Filipinas, el Plan de Acción de OGP es cocreado por la sociedad civil y el gobierno a través de un proceso participativo. BK participó en este proceso. EITI había sido parte de los compromisos desde el Plan de Acción de 2013 y BK se aseguró que EITI siguiera formado parte de los compromisos.

Para ello, difundimos la invitación a participar en las consultas de OGP entre todos los miembros y la red de BK. Además, trabajamos en colaboración con el Secretariado de PH-EITI y con las entidades de gobierno relevante para alinear los esfuerzos.

Bantay Kita lleva a cabo actividades de difusión, sensibilización y desarrollo de capacidades para contribuir a este esfuerzo. Además, exponemos los impactos que tienen las industrias extractivas en las condiciones sociales, económicas y ambientales.

En agosto del año pasado, el Plan de Acción de 2017-2019 fue aprobado. Desde entonces, hemos estado implementando nuestros compromisos.

El principal reto que enfrentamos en el desarrollo del Plan fue que había otras prioridades en conflicto. Cada grupo, tanto de gobierno como de la sociedad civil, buscaba impulsar un tema en particular. Y todos los temas se presentaron. Los representantes explicaron su programa para demostrar que se alineaba con los objetivos de OGP y que tenía apoyo del gobierno y la sociedad civil y argumentar por qué debía ser considerado. EITI no es fácil de vender, pues es muy técnica y para algunos aburrida. Es más fácil generar interés por temas como las auditorías participativas, los servicios públicos o la competitividad de los gobiernos locales.

Trazando las aguas

Una vez se aceptó el compromiso, el trabajo empezó y fue complicado debido a varios problemas. Primero, el marco legal para la transparencia: las políticas establecidas por Decreto Ejecutivo no tienen el mismo peso que las leyes. Su aplicación es limitada y las sanciones son menores que las que establecen las leyes. Mientras que el tema de privacidad de datos está regulado por una ley, a PH-EITI la regula un Decreto y la participación de las empresas mineras en EITI es regulada por un Decreto Departamental. La publicación de información se contradice con las excepciones y provisiones de la ley de privacidad de datos.

Hay una falta de criterios de “interés público”, por lo que determinar qué constituye “interés público” está abierto a la interpretación.

La ley de minería establece el monitoreo de la implementación de contratos, sobre todo con respecto a los impactos ambientales de las operaciones mineras. Sin embargo, no hay un proceso de selección confiable para identificar a los representantes de la sociedad civil encargados de dicho proceso. Además, no permite la participación ciudadana en las fases de planeación.

A pesar de los esfuerzos para una mayor transparencia en los datos de las industrias extractivas a través de los informes de EITI y el portal de contratos, aún hay trabajo por hacer. Todavía hay una falta de acceso a datos completos, confiables y precisos sobre los derechos otorgados a las empresas mineras y los informes de monitoreo ambiental, entre otros. Cuando cuentan con acceso a estos documentos, las comunidades tienen los recursos básicos para el monitoreo. Muchas veces, el ignorar los derechos que se otorgan a las comunidades es una fuente de conflicto en las áreas de operación. En las zonas de concesión minera, existen serios problemas de desplazamiento de poblaciones y deforestación ilegal.

Además, existe una permanente falta de recursos y voluntad para impulsar la reforma aceptada. Este es un asunto de priorización y compromiso.

Eligiendo la embarcación adecuada

Para Bantay Kita, OGP es la embarcación adecuada que permitirá buscar aliados para impulsar reformas en el marco de la familia de OGP (EITI, FOI), un sitio para colaborar, una oportunidad para impulsar las relaciones entre actores y para construir confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y entre la sociedad civil y el gobierno.

En cuanto al trabajo de difusión de BK, seguiremos aprovechando a OGP como una herramienta para impulsar la armonización y fortalecimiento de lineamientos de información para la difusión de información y, en el largo plazo, para contar con una ley de acceso a la información. Institucionalizar reformas de gobernanza (EITI) y transversalizarlas a nivel nacional, establecer cronogramas y monitoreo de cumplimiento por parte del gobierno y establecer plataformas en línea de acuerdo con la política de datos abiertos (accesibles, completos, utilizables y comparables) representan oportunidades para la participación ciudadana en la cadena de valor de las industrias extractivas, establecer criterios para entregar permisos y licencias, identificar qué datos son relevantes para los actores, desarrollar mecanismos de denuncias y continuar con el trabajo de facilitación y consulta. Detrás de todo esto se encuentra garantizar los derechos de asociación y expresión.

Authors: Tina Pimentel
Temas: Access to Information, Extractive Industries
Archivado en: Impact
Etiquetas: Espanol
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