COMUNICADO: A más de un año de la denuncia de espionaje a investigadores y activistas en salud pública, se exige a PGR presentar resultados de su investigación

Por: Libreexpresiónmx

Ciudad de México a 22 de marzo de 2018.- Hace ya un año que un grupo amplio de los más destacados académicos y organizaciones internacionales especializadas en salud pública y derechos digitales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto investigar y castigar a los responsables del espionaje y amenazas que recibieron promotores mexicanos de políticas contra las epidemias de obesidad y diabetes. Por ello, el día de hoy diversas organizaciones mexicanas dedicadas a la protección y promoción de la salud, de los derechos humanos y de la seguridad digital demandamos a la Procuraduría General de la República (PGR) presentar resultados de la investigación que en su momento se comprometió a realizar sobre este asunto.

Como lo han reportado medios internacionales y nacionales, el sistema de espionaje utilizado contra los activistas en salud pública fue el llamado “Pegasus”, de la empresa israelí NSO Group, que vende este sistema de manera exclusiva a gobiernos para enfrentar el crimen y las amenazas de terrorismo, encontrando que el gobierno mexicano y, en específico, la PGR han adquirido estos instrumentos.

Si bien existía desconfianza en que la PGR fuera capaz de investigarse a sí misma, el Poder del Consumidor y ContraPESO organizaciones enfocadas en el tema de la salud pública, junto con las organizaciones que nos acompañan, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, reiteramos que a la fecha, la PGR no ha presentado ningún avance sustantivo en su “investigación” y que, por el contrario, ante una evidente falta de capacidad y de voluntad política para llevar a cabo la misma de manera seria, imparcial y exhaustiva, es claro que esta es una simulación. Como prueba de ello referimos reiteradamente a las siguientes omisiones, básicas, por parte de dicha institución:

● En el expediente, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR ha aceptado que adquirió las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas de la Ciudad de México. Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a cargo del caso, no ha realizado ningún acto de investigación respecto de la AIC a pesar de estos elementos y de reiteradas solicitudes de parte de los denunciantes y de recomendaciones de peritos expertos en la investigación, como Citizen Lab.

● No se han identificado ni entrevistado a los agentes entrenados para operar Pegasus.

● No se han hecho visitas a las instalaciones en las que es operado el software.

● No se han revisado las cámaras de vigilancia, registros, bitácoras o medidas de seguridad implementadas en torno al uso del sistema.

● No se ha solicitado el contrato y anexo técnico por el que adquirió Pegasus a pesar de que éste ya se ha hecho público por la prensa.

● La Fiscalía no ha solicitado documentos adicionales ni realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la agencia de que “no existe base de datos en la que se registre los números y personas” espiadas con Pegasus. Es decir, no sabe contra quién ha usado Pegasus.

● Como fue señalado por The New York Times el pasado 20 de febrero, expertos forenses y la propia empresa fabricante del malware, NSO Group, un análisis forense de los servidores y equipos desde los que se opera el sistema Pegasus debe encontrar un registro de las infecciones realizadas con ese sistema. No obstante, la Fiscalía se ha negado a hacer cualquier acto de investigación al respecto.

● Por el contrario, la investigación se ha centrado en diligencias inútiles como búsquedas en Google, en páginas como “quienhabla.mx” y “pipl.com”, en perfiles de redes sociales de los denunciantes o solicitudes de información a más de 2000 municipios en el país.

● Las solicitudes de colaboración a instituciones como el FBI no han arrojado ningún resultado; al respecto The New York Times reveló que una fuente del FBI confirmó que no participarían en una investigación que amenaza con ser una “simulación”. En este sentido, la PGR pudo haber usado dolosamente el nombre de instituciones como esta para afirmar, sin elementos para ello, que intervendrían en la investigación, en un intento de aparentar una apertura al escrutinio que no ocurrió.

● No conforme, desde que se evidenció el uso de Pegasus en México, la PGR no ha investigado la trama de corrupción que podría estar detrás del uso ilegal de esta herramienta. En este sentido, han avanzado más ágilmente investigaciones periodísticas de diversos medios que la de la propia PGR.

Ante tal escenario, que no hace más que preservar la opacidad y la violación de derechos fundamentales que fueron evidenciados a raíz de este caso, las organizaciones reiteramos ante la PGR, y reiteraremos hasta que haya una reacción o pronunciamiento en este sentido por parte del Estado Mexicano, nuestra exigencia de que:

Se establezca un mecanismo extraordinario para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.

Se investigue a fondo el uso brindado al sistema de espionaje Pegasus por parte de la Agencia de Investigación Criminal, entrevistando al personal encargado de su operación; realizando intervenciones forenses por parte de peritos independientes a los servidores y equipos desde los que se opera el sistema Pegasus; e indagando en torno a los procesos de decisión y las medidas de seguridad existentes para la operación de este sistema.

Respecto de los candidatos presidenciales especifícamente, hacer un pronunciamiento público sobre la necesidad de crear un panel de expertas y expertos independientes que investigue a fondo el caso; así como reformar el Artículo 102 de la Constitución para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado.

De persistir la impunidad del caso, estas prácticas continuarán y los instrumentos que podrían ser usados por el Estado para combatir la corrupción y las violaciones a derechos humanos, seguirán siendo utilizados en contra de las personas y organizaciones que han trabajado para exponer esa corrupción y esas violaciones a derechos humanos.

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